Después de los episodios nacionales de la tribu del Ilustrísimo Sr. Sánchez en la cola del Super, llega lo que faltaba en el camino al gregarismo real. Vamos, las delicias de Mao: la Consejería de Educación de Cataluña ha acordado facilitar a los padres que solicitan plaza en colegios concertados que puedan acceder a los datos de otros padres sobre los que sospechen falsificación de datos, como el domicilio, y así tener más puntos para que sus hijos obtengan la plaza escolar. O sea, el derecho a la intimidad por debajo del babi y la delación en un pedestal. Ya digo como en el en la cumbre de la Revolución Cultural.

Esta Consejería de Educación no ha llegado – todavía – al paroxismo de la Junta de Andalucía de tipificar como delito el cumplimentar con datos falsos la solicitud de plaza.

Seguramente se trata de iniciativas de los más progre que desarrollan hacia arriba, hacia los papás la Ley del Patio, en su redacción desde el poder:

“En el caso de que hayan alborotadores en el patio del colegio, el profesor les nombrará vigilantes del patio, y así, ellos se encargarán de controlar al resto de los niños con más vehemencia que el propio profesor, rompiendo la unidad de los niños y dándole tiempo para realizar otras tareas más provechosas (para él)

Los matones y los chivatos, sobre todo los anónimos, siempre me han dado grima y toda las veces que en mis años de educación fui secretario de curso (delegado) combatí ambas manifestaciones de poquedad moral.

Falsificar está mal; chivarse está peor. Así de clara es la verdadera Ley del Patio, la que hemos escrito los que hemos jugado y hecho amigos en el patio.

Pero ¿es esto una norma aislada, un grano que no hace granero? Para nada. Nos acordamos de la promoción gubernamental de la  acusación ciudadana contra los fumadores en bares tras la penúltima prohibición de la anterior Administración. Nos acordamos de los controladores de Zona Azul, que no son agentes de la autoridad, pero extienden denuncias como churros cuando eres un sin papeles del tráfico. Y, hablando del tráfico, el Ayuntamiento de Sevilla va nombrar “vigilantes de patio” a los supervisores de  TUSSAM, empresa municipal de autobuses, para que metan el ojo de la cámara fotográfica digital en la matrícula de los coches que ven ocupando el carril bus.

Pero lo más espeluznante sucede cuando los propios ocupantes del patio se muestran conformes. Me he asomado a una encuesta de La  Vanguardia en la que el 72 por ciento de los papás afirman que señalarían con el dedo acusador a otro papá infractor. Muchos de ellos quizás no estén al día en sus obligaciones con Hacienda y se sentirían muy mal con su vecino si insta una investigación; incluso alguno de ellos habrá despotricado con razón contra los abusos en materia de becarios, pero todos se muestran entusiasmados con ser becarios de un administrador público que con tanto chivato podrá “tener tiempo para realizar otras tareas mas provechosas para él”. Nada. ¡Ánimos ciutadans!: con vosotros de delatores no harán falta más recortes.

Eso sí, lo de buscar la causa raíz de porqué se falsifican datos de domicilio para obtener plaza escolar debe ser una tarea tan difícil que ni ciudadanos ni administración le dedican un minuto. Pero eso sería favorecer la libertad real de educación y exige esfuerzo…

Eso sí, a averiguar la causa raíz de porqué se aparca el coche sin papel azul no le dedicamos más que un rato y nada de inversiones en aparcamientos y en transportes públicos dignos,  frecuentes, puntuales y extensos.

Eso sí, muchos delatores pero escasos ejemplos suficientemente portentosos para promover en la educación, en el comportamiento público y en los medios de comunicación los valores de la honradez, la lealtad, el pundonor, el sacrificio y la entrega a los conciudadanos.

Me quedo pensando que si, a los efectos de escolarización de su prole, un padre de familia va a la cárcel por poner como propio el domicilio de su suegra,  qué no le caerá al que desde sede gubernamental regional mira para otro lado en EREs fraudulentos en los que se hurtan al control del interventor 930.000.000 de euros.

José Ángel Domínguez Calatayud